Queremos más

La "nueva" Ley General de Comunicación Audiovisual, vigente desde el pasado 1 de mayo, renace de la mano de la polémica. La norma es un refrito que ha tardado casi quince años en salir adelante y que deroga varias leyes de la industria audiovisual vigentes y mantiene con modificaciones muchas otras. Entre ellas, la obligación de las televisiones de financiar con el 5% de sus ingresos a la industria cinematográfica española. Hasta el momento, sólo se referían a telefilmes y películas pero la recien aprobada ley incluye ahora también las series de televisión.
Esta vieja reivindicación de las cadenas permite que inviertan el 40% de esos ingresos a la producción de ficción televisiva, lo que supone un negocio redondo ya que la mayoría de los canales participan también en productoras audiovisuales. El gobierno ha querido contentar así a UTECA aunque no se le ha dado demasiado bien. Debían haber supuesto que, como empresas privadas que son, las televiones siempre quieren más beneficios. Les da igual que ahora puedan invertir en sus propias productoras, siguen necesitando más y, por eso, siguen reivindicando la inconstitucionalidad de la ley.
Eso es lo peligroso de jugar a favor del más fuerte: nunca está satisfecho del todo y si le das la mano, te cojerá el brazo. De hecho, el Tribunal Constitucional les ha dado la razón, de momento, y ha admitido a trámite la cuestión de las televisiones que argumentan que se atenta contra la libertad de empresa, al obligar a una organización privada, como son las cadenas, a invertir en otra entidad privada, como es la cinematográfica.
Los profesionales del cine español, por su parte, han puesto el grito en el cielo. La industria argumenta que es imposible sobrevivir sin la ayuda de las televisiones y que, en comparación con otros países europeos, la aportación que se hace en España es ínfima. Además, según sus previsiones, esta modificación en la Ley Audiovisual puede hacer que la inversión caiga entre un 30% y un 40%, lo que significará un gran retroceso para la industria. En resumen, también quieren más.
El problema del gobierno es que ya no tiene de donde sacar. La Ley pretendía contentar a ambos sectores pero, finalmente, lo que ha conseguido es aumentar la discordia entre los negocios audiovisuales. Es lo que suele suceder cuando lo único que preocupa es estar a bien con las empresas, sin preocuparse de lo que quiere el espectador. Si la Ley pensase un poco más en el público, que debería ser el factor más importante, puede que, al menos, alguien estuviese de acuerdo con la norma.