Por fin se ha aprobado la Ley General de la Comunicación Audiovisual, tras quince años de espera, y a pesar de los innumerables quebraderos de cabeza que ha propiciado en sus constituyentes, parece que la inmensa mayoría está en desacuerdo con sus medidas. Con la entrada en vigor el pasado 1 de mayo de esta Ley de cobertura estatal han salido a relucir los aspectos más negativos de la misma, aunque bien es verdad que regula situaciones de manera bastante favorecedora para la ciudadanía.
Un ejemplo de ello se encuentra en el caso de los menores, ya que prohibe la emisión en abierto de pornografía o violencia gratuita y además fija que el acceso a canales cerrados posibilite el control parental. Además, si son programas en abierto, éstos deberán clasificar por edades sus contenidos y tendrán una codificación que permita el control de los padres, homologado por la autoridad audiovisual. Y aquí terminan los aspectos positivos.
Lo que parece inaudito es que la nueva Norma obligue a los operadores privados a invertir el 5 por ciento de sus ingresos en cine europeo, así como en series de televisión. Este acontecimiento va en detrimento de la calidad de la ficción, puesto que por regla general la prioridad es Hollywood, y una serie o una película que se precie de serlo no debería estar financiada por su nacionalidad, sino por los gustos de los espectadores.
Así, si las preferencias de la opinión pública se decantan por el otro lado del charco, la labor que deberían ejercer unos buenos productores sería la de intentar complacer las necesidades de sus audiencias, cada vez menores en estos terrenos, y procurar ofrecerles aquello que están buscando.
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